En junio de 2019 un juzgado de Tunja ordenó la detención carcelaria del soldado profesional Herminson Rueda por feminicidio y hurto agravado, quien hizo pasar inicialmente el hecho como el suicidio de su esposa Heidy Ramírez.
‘Los investigadores establecieron que la cuerda supuestamente usada por la mujer para quitarse de la vida tenía un nudo demasiado elaborado. Un peritazgo solicitado por la Fiscalía concluyó que ese nudo correspondería a los enseñados en instrucción militar y que tenía un grado de perfección del 80%, algo que Heidy Johana no hubiera logrado por sus propios medios’ explica el boletín de prensa emitido por la Fiscalía.
La violencia pública en lo privado
“Yo creo que la única diferencia entre un hombre militar y un hombre promedio es que el hombre militar puede ejercer el poder de una manera más directa por el arma y el entrenamiento que reciben para ejercer la violencia, son más fuertes, más rudos para hablar” relata María (Nombre cambiado a petición de la entrevistada), hija de un militar en retiro.
Si bien una mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia tiene obstrucciones de acceso a la justicia, una mujer involucrada en una relación afectiva o de unión marital con agentes de la Fuerza Pública se encuentra con mayor cantidad de barreras para su acceso a los mecanismos de denuncia y protección. Esto debido a los patrones sociales y culturales de la comunidad militar, y la violencia institucional que reciben tanto de las fuerzas militares o policiales como las entidades estatales que las deben proteger.
“Un soldado está dispuesto a morir y matar para defender la patria”, debe ejercer en supremacía su fuerza y legítimo uso de la violencia. Para ello recibe entrenamiento, adquiere rango y status social, que constituyen una masculinidad militarizada en la esfera de lo público y que se transfiere a las prácticas de violencia en lo doméstico. Es una identidad que no desaparece, que marca una manera de ser hombre y se transfiere en las relaciones de la vida familiar.
Las niñas esposas
“Cuando llegaban los policías, la Infantería de Marina a los lugares del Magdalena, las mamás miraban a quien le podían enchutar las niñas que eran menores de edad, a miembros de las fuerzas militares que eran muchísimo mayores. Tú encontrabas niñas de 14 con agentes de la Fuerza de 35 años (…), y muchas de ellas -incluso el cura del pueblo- manipulaban las actas de nacimiento para que mostraran mayoría de edad. Así se daba el fenómeno de niñas esposas” narra María, de historias que cuenta su mamá cuando su padre de inteligencia militar se encontraba en servicio activo.
En el imaginario cultural colectivo habita la idea de progreso, triunfo y estatus social que se adquiere al lograr la unión marital con un agente de la Fuerza Pública, varias mujeres indican que conocieron a su esposo o novio durante su misión de servicio. Diversos informes de Derechos Humanos han evidenciado cómo el despliegue de tropas en una región aumenta el número de embarazos.
En 2017 el Instituto Nacional de Salud en su informe sobre las consecuencias del conflicto armado en Colombia encontró una relación: “entre mayor intensidad del conflicto, mayores son las tasas de fecundidad en una región”.
De los casos que Natalia Álvarez, abogada y subdirectora de Colectiva Justicia Mujer, quien ha acompañado casos de violencia intrafamiliar ejercida por agentes de la Fuerza Pública, ha tenido a su cargo, asegura que “son mujeres muy jóvenes (…) una de ellas había empezado su relación de pareja siendo menor de edad (…) y terminaron ejerciendo en ellas condiciones de violencia extrema”.
Los cuerpos que se adaptan
“Tú ibas a un dispensario y sin mentirte parecía un reinado de belleza ¡todas eran lindas! Ellos no se conseguían a cualquiera, sino de verdad a las más bonitas de los pueblos (…) Digamos que estas esposas entraban a una disciplina del cuerpo muy fuerte y eso era trasladado a las hijas ¡brutalmente!” Recuerda María cuando su papá llegó a trabajar en los dispensarios de salud del Ejército.
Además de la estética corporal, investigaciones realizadas sobre familias militares, encuentran recurrente que las mujeres pueden llegar a padecer trastorno del sueño, estrés, depresión y ansiedad asociados al tiempo que tardan ellos en sus funciones de servicio, el control que se ejerce en sus rutinas de vida doméstica y el trato emocional que reciben.
“El nivel de ansiedad y estrés ya llegaba a un punto en el que tenían que medicarse, los médicos de los dispensarios les dan Diazepam que es un medicamento antidepresivo” recuerda María, además menciona que las esposas encontraban en el Club Militar una manera de sobrellevar la soledad y la depresión en donde se mezclaba alcohol y medicamentos.
Denuncias que se quedan en sumas
Yury alcanzó a interponer siete denuncias ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar. Entre el 2004 y 2013 presentó nueve denuncias en Comisarías de Familia, pero meses después de su última denuncia fue asesinada.
Leandra lleva un historial de denuncias ante la Fiscalía en varias ciudades del país, en cada traslado de su ex esposo va reportando el historial de violencia. “Esto sucede porque la Fiscalía argumenta que no tiene un sistema que permita evidenciar o enlazar denuncias sobre un mismo caso, ellos saben que esto sucede y se puede resolver ajustando el protocolo de denuncia pero no hay voluntad política para resolver este asunto” señala Natalia Álvarez.
“Donde él fuera trasladado yo lo acompañaba porque mi concepto era que tenía que estar con él en todo momento, así mi vida estuviera en riesgo” asegura Leandra. “La rotación por varios lugares genera que las mujeres pierdan sus redes familiares y de apoyo, termina siendo una comunidad ampliada donde todos se conocen y hay una sanción social para la mujer que se atreve a denunciar, porque está cometiendo una traición que merece ser expulsada de una sociedad privilegiada” indica Natalia.
“La muerte de Yury era previsible para las instituciones (…) La Fiscalía acumuló denuncias sin iniciar una investigación, la Comisaría no hizo vigilancia a la medida de protección, sólo dio una medida policiva y las Comisarías o Fiscalías agotan los procesos con la conciliación para hacer tránsito a cosa juzgada, de esta manera hacen sus estadísticas” asegura Sandra Sosa, prima de Yury y quien durante 5 años lleva el caso en la justicia penal para que este caso no quede en la impunidad.
“Nos dimos cuenta que la Policía no sabía cuáles eran los elementos de tipo penal de violencia intrafamiliar para proceder a una judicialización, les parece totalmente excesivo que un hombre tenga que ir a la cárcel por pegarle a la mujer (…). Donde es evidente la violencia, la policía llega a dar consejos” (…) Además ¿cómo le dices a una víctima en caso de una agresión por un policía que la misma Policía la va a proteger?” reflexiona Natalia.
En su ejercicio como abogada, ella señala que “cuando una medida de protección es proferida por un juez, el Policía la acata de inmediato, contrario si proviene de una Comisaría de Familia, en ese caso siente que puede opinar (…)".
“Hoy tenemos un problema: cada vez que la Comisaría ordena un desalojo, la Policía saca un tipo de circular donde dice que solamente desalojan a un hombre por violencia intrafamiliar si van acompañados del comisario/ria” Lo cual retarda la aplicación de la medida de protección donde la vida de la mujer puede estar en riesgo.
Además “existe un subregistro importante frente a la información aportada” señala Juanita Vélez, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía General de la Nación respecto a las investigaciones abiertas contra miembros de la Fuerza Pública por ejercer violencia contra una mujer.