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El camino para combatir la violencia de género en Colombia

Rosa Elvira Cely La imagen de Rosa Elvira se realizó con más de 60 visualizaciones. Haz click en la imagen para conocerlas

Lento y desarticulado. Con esas palabras define María Isabel Covaleda el trabajo que realizan las entidades responsables de prestar atención a las mujeres agredidas o a los familiares de las mujeres fallecidas.

Ella vivió en cuerpo propio, el drama de tener que denunciar lo que ella considera un intento de feminicidio. El proceso fue largo y en él se sintió revictimizada y desprotegida.

Uniendo su experiencia a sus conocimientos como abogada, Covaleda montó la Fundación Maisa, desde donde busca brindar apoyo a mujeres en condición de vulnerabilidad, acompañandolas en el proceso legal que se inicia una vez se pone una denuncia de este tipo.

Por eso, Covaleda considera fundamental, para disminuir las tasas de feminicidio, una mejor articulación de los procesos legales que adelantan las entidades estatales que deben proteger a la mujer. “No pueden ser así de lentos, inoficiosos yn poco eficientes. Tienen que articularse las EPS con la Fiscalía. Y la Fiscalía con Medicina Legal”, pide Covaleda.

El primer paso sería tener una base de datos consolidada y en tiempo real que visualice el problema. El segundo, hacer que la justicia se ejerza de manera efectiva y rápida.

Esto implica, necesariamente, que el Estado considere la lucha contra la violencia de género como una prioridad de inversión. Inversión destinada en agilizar los procesos, en capacitar a quienes atienden cada parte del camino y en apoyar a las mujeres para que puedan abandonar situaciones de riesgo.

“Esta atención será crucial en el posconflicto porque la violencia del hogar será la que más sobresalga, a los niños y a las mujeres se les está agrediendo en el hogar y esto va a aumentar”, explica Covaleda haciendo referencia a estudios que se han hecho en países en procesos de reconciliación.

Por eso, una política pública para la atención a la mujer agredida se vuelve clave a la hora de salvar vidas. Y aunque no provenga de una entidad estatal, las mujeres de todo el país ya se están movilizando.

“Nos estamos organizando para ser veedoras (...). Creemos que el año entrante será más difícil y ya nos estamos preparando”.

Este proceso de veeduría buscará impulsar una estructura jurídica que funcione basado en alertas tempranas y medidas jurídicas efectivas. “Si estos elementos se dan, un ente colectivo funciona como sanción social”, explica.

“Lo que necesitamos es agilizar los procesos para asegurarnos que una persona como Camilo Sanclemente (su agresor) no pueda volver a hacerle daño a otra mujer en el futuro”, concluye Covaleda.